El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) aumentó a 17 provincias y al Distrito Nacional en alerta amarilla y mantiene 10 en verde, debido a que tendremos suficiente humedad e inestabilidad proporcionada por la vaguada que afecta nuestro territorio, por lo que continuarán los aguaceros de moderados a fuertes.
En alerta verde están Azúa, Dajabón, La Romana, El Seibo, La Altagracia, San Juan, Elías Piña, Peravia, Valverde y Hermanas Mirabal.
Mientras que en alerta amarilla están las provincias de Santiago, La Vega, Monseñor Nouel, San José de Ocoa, Hato Mayor, San Pedro de Macorís, Santiago Rodríguez, Espaillat, María Trinidad Sánchez y San Cristóbal.
Así como también Monte Plata, Duarte, Sánchez Ramírez, Monte Cristi, Puerto Plata, Samaná, Santo Domingo y el Distrito Nacional.
En ese sentido, se recomienda a las personas abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua en las provincias bajo alerta.
De su lado, la Oficina Nacional de Meteorología (ONAMET) informó que continúa la incidencia de una vaguada ubicada en la porción oriental del país, la misma mantiene la humedad e inestabilidad sobre el territorio para que continúen produciéndose desarrollos nubosos con aguaceros débiles que pueden ser moderados a fuertes en ocasiones, con posibles granizadas, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.
Prevé que para mañana la vaguada en superficie se estará alejando de nuestra área de pronóstico.
Sin embargo, una nueva vaguada en diferentes niveles de la troposfera ubicada sobre el Canal del Viento estará avanzando hacia el este/sureste, la cual mantendrá la humedad, para que continúen desarrollándose campos nubosos aportando nublados con aguaceros locales,
Una falla en el sistema de chequeos de documentos de pasajeros de la Dirección General de Migración provocó inconvenientes entre los pasajeros a la hora de salida de su vuelo en el aeropuerto Las Américas.
En las primeras horas de la mañana de este viernes se produjeron congestionamientos, pero ya en la tarde la situación empezó a normalizarse dentro del salón de salida del Aeropuerto Internacional de Las Américas, José Francisco Peña Gómez debido al problema.
La avería según explicó un funcionario de Migración que pidió reserva de su nombre se registra no sólo en el AILA, sino en todos los demás aeropuertos del país.
Añadió que hubo inconsistencia del sistema durante todo el día.
Indicó, sin embargo, que los técnicos responsables del manejo del sistema están trabajando tratando de corregir el problema en el sistema de chequeos de los documentos de los viajeros.
Algunos pasajeros dijeron que tenían temor de perder su vuelo por la lentitud en el chequeo de los viajeros y de no poder abordar a tiempo su vuelo.
Al menos seis personas resultaron detenidas, luego de la ejecución de nueve órdenes de allanamientos por delito de pornografía infantil en un operativo llevado a cabo en diferentes sectores del Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo, San Cristóbal y Santiago de los Caballeros.
A varios de los apresados se les ha impuesto medida de coerción consistente en tres meses de prisión preventiva por delitos de alta tecnología, atentado sexual y pornografía infantil, cuyos nombres se omiten para proteger la identidad de las víctimas rescatadas por el Ministerio Público y agentes de la División Especial de Investigación de Delitos Transnacionales de la Policía Nacional.
El Ministerio Público le atribuye la violación a la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y la Ley 136-03 que crea el Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.
En el transcurso de los operativos fueron ocupados celulares Iphone, android, tabletas, laptops, computadoras de escritorio, router, cámaras fotográficas, memorias USB, micro SD, discos duros y otros dispositivos de almacenamiento.
Las autoridades destacaron que estas acciones están destinadas a salvaguardar los derechos y la integridad de las víctimas, niños y adolescentes, cuyas edades oscilan entre los 3 hasta los 13 años, los cuales fueron evaluados por las unidades de Violencia de Género y Delitos Sexuales de las diferentes demarcaciones.
Adelantaron que continúan profundizando las investigaciones para identificar otras posibles víctimas de este ilícito penal para garantizar que los responsables enfrenten la justicia en su totalidad.
Los allanamientos se realizaron en coordinación entre la Procuraduría Especializada Contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Pedatec), las procuradurías fiscales correspondientes a las jurisdicciones indicadas y agentes de la Policía Nacional adscritos a Deidet.
El vocero de la Presidencia, Homero Figueroa, informó que el encuentro con los medios de comunicación, LA Semanal con la Prensa, se realizará el próximo martes 30 de abril.
El cambio de fecha del acostumbrado encuentro con la prensa se debe al traslado del día feriado para el lunes 29, por la conmemoración del Día del Trabajador, que corresponde al miércoles 1 de mayo.
El encuentro tendrá lugar a las 4:30 de la tarde en el Salón Las Cariátides del Palacio Nacional.
Cada semana, el mandatario presenta, a través de este espacio, los avances de las instituciones públicas y responde preguntas sobre temas actuales de interés nacional.
El ministerio de Administración Pública (MAP) hizo un llamado a los ministerios de Educación, Salud Pública, Agricultura y el Servicio Nacional de Salud (SNS), para que soliciten a sus empleados que asumieron posiciones municipales electivas, a que presenten de manera oficial sus renuncias.
El documento establece que los funcionarios administrativos activos, que el pasado miércoles 24 de abril, asumieron posiciones municipales, no pueden continuar figurando en las nóminas de esas instituciones, sin importar el cargo que tengan.
Asimismo, indica que para el fiel cumplimiento de dichas acciones, las instituciones deben remitir, a la brevedad posible, a la Contraloría General de la República, las listas de los funcionarios y servidores sujetos a dichas acciones administrativas.
Entre los cargos municipales previstos en la Constitución y la ley, destacan los electos Alcaldes de Ayuntamientos y Directores de Juntas, Vicealcaldes y Suplentes de Directores de Juntas, Regidores, Suplentes de Regidores y Vocales.
Se recuerda que el MAP remitió al funcionario del Poder Ejecutivo, las Circulares núm. 007638, de fecha 17 de mayo de 2022, y núm. 003583, del 14 de marzo de 2024, sobre la prohibición de desempeñar más de un cargo remunerado y la incompatibilidad de funciones en la Administración del Estado.
Las circulares establecen que los únicos funcionarios electivos que pueden permanecer en las nóminas de órganos y entes de la Administración del Estado, son los que reciban remuneraciones en las mismas, por concepto de la docencia.
Mientras que, en el caso de que un servidor de carrera haya sido escogido para ocupar un cargo electivo municipal, el párrafo único, del artículo 22, de la Ley núm. 41-08, de Función Pública, dispone que éste deberá tener una licencia sin disfrute de sueldo en el cargo de carrera administrativa.
Además, el principio de separación de poderes, previsto en el artículo 4 de la Constitución de la República, impide que la empleomanía de un poder del Estado se replique en otro, incluido el régimen municipal.
El ministro de Administración Pública, Darío Castillo Lugo, explicó que, aunque el oficio está enviado a 4 ministros y Director ejecutivo, el mismo va dirigido a todos los Ministros y titulares de órgano y entes públicos, donde se dé dicha situación, de funcionarios y servidores administrativos, que fueron electos en cargos municipales.
El procurador adjunto Wilson Camacho informó que el Ministerio Público presentó acusación formal contra 46 personas vinculadas a hechos de corrupción administrativa enfrentados con la Operación Calamar, cuyo expediente involucra a los exministros José Ramón Peralta y Donald Guerrero.
“En el día de ayer presentamos la acusación de Operación Calamar. Estamos hablando de un escrito de unas 3,662 páginas, con 46 personas acusadas, 34 de ellas personas físicas y 12 personas jurídicas”, detalló el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Destacó que el expediente está sustentado con más de 2,000 medios de prueba, “lo que servirá, sin lugar a dudas, para que, en el momento que se conozca este proceso, se produzca una apertura a juicio para que nosotros podamos, en nombre de toda la sociedad, procurar ante los jueces las sanciones correspondientes para estas 46 personas acusadas”.
Recordó que en la audiencia de medida de coerción el Ministerio Público imputó a 20 personas.
“Como hemos dicho, en la acusación hay 46 personas acusadas, por lo que hay un aumento de 26 personas, y esos detalles se irán conociendo en la medida en que el tribunal notifique la acusación a las partes y continúe en consecuencia el conocimiento del proceso”, dijo.
La acusación de la Operación Calamar fue depositada en la Oficina Coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional.
Camacho ofreció la información en momentos en que salía de una audiencia del expediente de la Operación Medusa, en el antiguo Palacio de Justicia del Centro de los Héroes, Distrito Nacional.
En el expediente de la Operación Calamar, el Ministerio acusa al grupo de sustraer al Estado más de 19 mil millones de pesos de los contribuyentes, en pagos irregulares por expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública y en sobornos para la campaña política del 2020.
Entre los acusados en el entramado de corrupción figura, además de José Ramón Peralta y Donald Guerrero, exministros de ministros administrativo de la Presidencia y de Hacienda, Gonzalo Castillo, exministro de Obras Públicas.
También, Daniel Omar Caamaño, el ex contralor general de la República; Luis Miguel Pichirilo, exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), y Claudio Silver Peña, ex director de Catastro Nacional. Asimismo, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández, ex directores de Casinos y Juegos de Azar.
Más de 14, 000 gramos presumiblemente cocaína, (13 paquetes), fueron decomisados por agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y miembros del Ministerio Público, en un operativo de seguimiento e interdicción, realizado en la provincia de Barahona.
Los agentes desarrollaban labores de patrullaje, próximo al punto de control del Cruce de Cabral, cuando dos hombres a bordo de igual número de vehículos, evadieron el chequeo, iniciándose una persecución en la carretera Enriquillo, e interceptando a los individuos, frente a la Escuela Vocacional de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
Los oficiales, coordinados por el fiscal actuante, procedieron a inspeccionar los vehículos, encontrando en el baúl del carro Hyundai, color blanco, placa A772949, la cantidad de 13 paquetes (14,510 gramos presumiblemente cocaína), mientras que en la jeepeta Honda CRV, placa G635878, de momento, no se ha encontrado nada comprometedor.
En el operativo se ocupó además una cartera conteniendo en su interior tres celulares, varias llaves, documentos personales y otras evidencias.
El Ministerio Público y la DNCD profundizan las investigaciones para determinar si hay otros implicados en el caso, para arrestarlos y ponerlos a disposición de la justicia.
Los detenidos serán sometidos a la justicia en las próximas horas, mientras los 13 paquetes de la sustancia, fueron enviados bajo cadena de custodia al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), para los fines correspondientes.
A través de la Embajada de los Estados Unidos, la DEA y los Marshals, extendieron formal invitación a las autoridades de la Procuraduría General de la República (PRG) y de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) para visitar las instalaciones de la Oficina Central de la Drug Enforcement Administration (DEA) en Washington, D.C.
La delegación Dominicana que asistió a las actividades en Washington estuvo encabezada por la procuradora general de la República Dominicana, Miriam Germán Brito, y el vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa, presidente la Dirección Nacional de Control de Drogas, quienes fueron recibidos en su despacho por la Administradora de la Drug Enforcement Administration, por sus siglas en inglés DEA, señora Anne Wilgram.
Así como Ronald L. Davis, director de los United Marshals Service; Renita Denise Foster, directora de la División del Caribe, y Clifford Brown, sub-director de la División del Caribe, quienes fueron acompañados por el supervisor de la Oficina de Santo Domingo División Caribe de la DEA, DR. Melitón Cordero y por los U.S Marshals, Silvestre del Rosario y Sasha Zacarías, supervisora Investigadora.
En el marco de las actividades realizadas entre el 15 y 19 de abril del año en curso, la Administradora de la Drug Enforcement Administration, felicitó al Gobierno dominicano por las operaciones recientes, dando duros golpes al narcotráfico y al crimen organizado, así como el director de los U.S Marshals, Ronald E. Davis, que en visita programada a la sede central de la institución, hizo un reconocimiento especial al Gobierno dominicano, encabezado por el honorable presidente Luis Rodolfo Abinader Corona, por escalar de la posición 10 a la número 3 en la captura de fugitivos que huyen de la justicia norteamericana.
Como parte del apoyo continuo del gobierno de los Estados Unidos hacia la República Dominicana, se trataron temas para el fortalecimiento de las relaciones de cooperación y de acción rápida efectiva, utilizando como ejemplo el éxito de la reciente operación Caimán, que fue reconocida por ambas instituciones como una de las más contundentes de los últimos años, realizada de manera conjunta en la República Dominicana.
En las reuniones realizada en Washington, los representantes del Gobierno dominicano enfatizaron el compromiso de continuar en la lucha contra el crimen organizado en todos los escenarios.
La Junta Central Electoral inició la pasada jornada el proceso de clonado de los equipos de escaneo, digitalización, impresión y transmisión que van a ser utilizados en las elecciones presidenciales y congresuales del próximo 19 de mayo.
Según la Presidencia de la República, los diez diplomáticos llevarán a cabo una agenda en el país para conocer de primera mano la posición dominicana con relación a Haití.
Mariano Berroa fue víctima de la agresión del haitiano Simeus Birthsley José, quien utilizó para esto una cadena utilizada para cerrar la puerta de los vehículos en los que son transportados los ciudadanos en condición irregular cuando son detenidos, informó la Dirección General de Migración en un comunicado.
Michel Patrick Boisvert, quien se desempeñaba como ministro de Economía y Finanzas, fue nombrado primer ministro interino de Haití por el Consejo Presidencial de Transición tras la renuncia de su predecesor, Ariel Henry.
La FEDAPMAE y el Movimiento «La ADP me tiene Jarto» no solo protestaron enérgicamente, sino que también anunciaron su disposición a presentar un recurso constitucional para salvaguardar el derecho a la educación de los alumnos.
La jueza del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Judicial de La Altagracia, Francis Diloné, dictó este viernes tres meses de prisión preventiva como medida de coerción contra un agente de la Dirección General de Migración (DGM) acusado de violar a una adolescente haitiana de 14 años en esa provincia.
La magistrada Diloné dispuso que el raso de la Fuerza Aérea de la República Dominicana, Paulino de la Cruz, deberá cumplirla la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Anamuya (CCC14).
Según el expediente del Ministerio Público, De la Cruz penetró en la residencia de la víctima y se aprovechó de que la misma estaba sola para cometer el hecho.
La investigación del hecho, encabezada por los fiscales Hendrich Ramírez, Silveria Poueriet, Ronny Mercedes y Rocío García, tras la denuncia realizada por la madre de la menor de edad, en su expediente imputa provisionalmente a Paulino de la Cruz, la falta a los artículos 330 y 331del Código Penal Dominicano, que castigan la violación sexual.
Paulino De la Cruz es un agente de la Fuerza Aérea Dominicana (FARD), adscrito a la Dirección General de Migración (DGM), para los operativos que realiza la institución migratoria.
El presidente de Kenia, William Ruto, aseguró que su país “está listo y dispuesto” a enviar policías para ayudar a restablecer el orden en Haití tras la instalación el jueves del Consejo Presidencial de Transición (CPT) en el país caribeño, sumido en una grave crisis de violencia.
“Kenia asegura al CPT de Haití su pleno apoyo mientras guía al país a través de este complejo interregno”, afirmó Ruto en un mensaje publicado en su perfil de X a última hora de este jueves.
Kenia, subrayó, esta “lista y dispuesta, en concierto con una amplia alianza de naciones de África y CARICOM (Comunidad del Caribe), comprometidas con la estabilidad de Haití, a ejecutar rápidamente la infraestructura de apoyo a la seguridad prevista” en la resolución 2699 del Consejo de Seguridad de la ONU.
Esa resolución, aprobada en octubre de 2023, contempla el despliegue de una misión multinacional para atajar la crisis de seguridad en la nación caribeña.
El presidente keniano mostró su “compromiso” con la “estabilidad de Haití” y expresó su confianza en el CPT en su “singular tarea de actuar rápidamente para restablecer los órganos clave del Estado críticos para la restitución de la ley y el orden y necesarios para llevar esperanza a todos los haitianos».
Kenia planea desplegar en el país caribeño más de mil agentes, procedentes de varias unidades y entrenados en combate, para ayudar en la misión. Este jueves quedó instalado el Consejo Presidencial de Transición de Haití, el organismo de transición encargado de organizar la celebración de elecciones y la formación de un nuevo Gobierno.
Su instalación supone el primer paso en el camino para superar la crisis que sufre Haití, al menos a nivel institucional, ya que la violencia de las bandas armadas no parece encontrar freno, mientras se espera la llegada de la misión multinacional para pacificar el país.
La situación en Haití ha estado marcada en los últimos años por crisis políticas, económicas y sociales. Desde la devastadora secuela del terremoto de 2010, el país ha enfrentado numerosos desafíos.
Las tensiones políticas y la falta de liderazgo efectivo han obstaculizado los esfuerzos para abordar los problemas de fondo, como la pobreza extrema, la corrupción y la falta de infraestructura básica. El primer trimestre de 2024 ha sido el más sangriento en el país desde 2022, cuando empezó la peor ola de delincuencia y criminalidad en los últimos años.
El Tribunal Constitucional conoció este viernes quince expedientes de acción directa de inconstitucionalidad durante una audiencia pública encabezada por el magistrado presidente de esta alta corte, Napoleón R. Estévez Lavandier.
Durante la audiencia, el Pleno de jueces dejó en estado de fallo el expediente TC-01-2023-0047, en el que Edward Ureña Ureña atacó el artículo 73.5 de la Ley núm. 821-27 de Organización Judicial y sus modificaciones, de fecha 21 de noviembre de 1927.
Igualmente, el expediente TC-01-2023-0048, interpuesto por Manuel Samil Segura de la Cruz, quien refutó la Ley Nacional de Vacunas de la República Dominicana.
Asimismo, el expediente TC-01-2023-0049, con el que Darío Antonio Cueto Leonardo impugnó los artículos 145, párrafo II de la Ley núm. 20-23, Orgánica del Régimen Electoral, del 17 de febrero de 2023; y el décimo sexto de la Resolución núm. 38-2023, del 15 de agosto de 2023, que regula la participación de funcionarios públicos en el período de la precampaña y en la campaña electoral de cara a las elecciones presidenciales, congresuales y municipales del año 2024.
Los magistrados también dejaron en estado de fallo el expediente TC-01-2023-0050, con el cual Johannatan Loanders Medina Reyes atacó el artículo 291 del Código Procesal Penal.
De igual manera, dejaron en estado de fallo el expediente TC-01-2023-0051, que tuvo como accionante a Pedro Marino Peña Torres, quien refutó el artículo 53 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales.
También quedó pendiente de fallo el expediente TC-01-2024-0001, en el que Identidad Dominicana (IDEDOM), impugnó la Ley núm. 391, del 20 de septiembre de 1943, que establece penas correccionales para las personas que practiquen los espectáculos de «Voudou» o «Luá».
Asimismo, el expediente TC-01-2024-0002, igualmente interpuesto por Identidad Dominicana (IDEDOM), Inc, que atacó el artículo 130, párrafo II del Reglamento de Procedimientos Contenciosos Electorales, del 7 de marzo de 2023.
En la audiencia, además, se conoció y quedó en estado de fallo el expediente TC-01-2024-0003, cuyo accionante Jean Carlos Machuca de la Mota atacó las actuaciones e informes provenientes de la Policía Nacional y de los señores Ramón O. Hernández Peralta, Roberto A. Albino Filpo, Miguel Cuevas Cuevas y Flavia D. Montero Romero.
El Ministerio de Trabajo reitera a toda la colectividad empresarial y trabajadora de la República Dominicana que el Día del Trabajo, que se conmemora el miércoles 1 de mayo, es laborable y el feriado se cambia para el lunes 29 de abril.
La clase trabajadora debe reintegrarse a sus labores cotidianas el martes 30 de abril, según lo establece la Ley 139-97, atendiendo a la aplicación de los días feriados.
La celebración de esta fecha, de conformidad con lo establecido por la legislación dominicana, deberá ser aplicada en todos los establecimientos del país.
La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) ratificó hoy su propuesta de incremento salarial, pero las autoridades no dieron respuestas a las solicitudes, por lo que se mantiene a la espera de que las autoridades cumplan con el acuerdo firmado..
El gremio que agrupa a los maestros acudió hoy a la reunión convocada por el ministro Ángel Hernández para dialogar, como siempre ha sido la postura del gremio de sentarse en la mesa del diálogo.
Sin embargo, la comisión de la ADP, designada por su Comité Ejecutivo Nacional, reiteró a las autoridades del Ministerio de Educación su posición de exigir el cumplimiento integral.
Referente a la atención inmediata de las necesidades de la escuela y al aumento de sueldos a los docentes activos y jubilados, el cual las autoridades se comprometieron a realizar en este mes de abril del acuerdo firmado en julio del año 2023.
Asimismo, expresó su vocación al diálogo, a su membresía y su convocatoria a movilización con motivo al día primero de mayo, por el cumplimento del acuerdo de manera integral y por la libertad sindical.
La seccional de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), en Azua continúa en pie de lucha y ha decidido mantener su paro parcial de docencia. Esto se mantendrá así hasta que el ministro de Educación, Ángel Hernández, tome en cuenta y atienda sus demandas.
Randy Brito, presidente del Comité Municipal en esa seccional, expresó su preocupación por la desvinculación de personal de apoyo en algunos centros educativos. Afirmó que parece que quieren obligar a los maestros a realizar tareas de limpieza como limpiar pisos y baños, lo cual considera inadecuado.
La Procuraduría General de la República incineró otro cargamento de 594 kilogramos de distintas drogas, incluyendo los más de cuatrocientos kilogramos de cocaína incautados la pasada semana en la provincia Peravia.
En un informe sobre la actividad, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) señala que en total fueron incinerados 594.390 kilogramos de drogas y 11.611 kilogramos de otras sustancias no controladas.
La entidad detalló que formaban parte de casos de cocaína 453.845 kilogramos (76.35%) y de marihuana 136.134 (22.90%), en tanto que de crack 2.658 kilogramos (0.4471%) y de ecgonina 1.250 kilogramos (0.2103%), además de éxtasis 341 gramos (0.0575%) y de hachís 162 gramos 0.0273%.
Las drogas y las sustancias no controladas correspondían a 692 casos y fueron ocupadas por miembros del Ministerio Público y de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), la mayor cantidad 412,400.503 kilogramos (409,962.953 de cocaína), en la provincia Peravia.
Los operativos donde se ocuparon ambas sustancias se extendieron hasta Santiago, Santo Domingo, Distrito Nacional, La Altagracia, San Cristóbal, La Vega, Duarte, María Trinidad Sánchez, Monseñor Nouel, Barahona y Monte Plata, así como a Santiago Rodríguez, Hato Mayor, Elías Piña, Bahoruco, San Pedro de Macorís, El Seibo, Pedernales, Azua y Puerto Plata.
Cada semana los narcóticos son quemados en el recinto del Ejército de República Dominicana (ERD), en el municipio Pedro Brand, provincia Santo Domingo, en un acto que se lleva a cabo con la participación de representantes de diversas instituciones del sistema de justicia y del área de la salud.
Desde el 11 de enero y hasta el 25 de abril han sido incautados e incinerados en el país un total de 7,625.573, destacaron las autoridades a través de un comunicado de prensa divulgado por la PGR.
